El Ministerio de Justicia compartió que emitió una solicitud formal que fue radicada ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, con el propósito de pedir la verificación e investigación penal de los hechos denunciados públicamente en relación con las reuniones sostenidas con antiguos jefes paramilitares en la ciudad de Valledupar.
El requerimiento se fundamenta en las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), las publicaciones del periodista Melquisedec Torres y el reciente testimonio del abogado Juan Carlos Villamizar.
Según estos relatos, durante los encuentros realizados entre octubre y noviembre de 2025 en la capital del Cesar, se habrían gestionado intentos para que excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) rindieran declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el mandatario Abelardo De la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
El documento entregado al ente acusador señala que las versiones periodísticas y los testimonios coinciden en señalar la oferta de presuntos beneficios judiciales, entre ellos el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la pronta libertad o mejoras en las condiciones penitenciarias para allegados de los procesados, a cambio de formular los señalamientos requeridos. Asimismo, advierte sobre discrepancias en las fechas de los encuentros planteadas en las distintas versiones, lo que hace indispensable la práctica de pruebas testimoniales y la revisión documental.
Frente a este escenario, la petición formal solicita a la Fiscalía precisar si las reuniones efectivamente se llevaron a cabo, la identidad de los asistentes y quiénes ordenaron transmitir las supuestas instrucciones. También insta a indagar si se promovieron testimonios falsos, si existieron presiones u ofrecimientos irregulares y si se emplearon recursos públicos o mecanismos de justicia transicional con fines ajenos a los estipulados por la ley.
Adicionalmente, se solicitó evaluar la recolección o ampliación de testimonios clave de quienes asistieron a los encuentros, junto con la revisión de actas, registros de ingreso y comunicaciones institucionales. Con este procedimiento se busca determinar si las actuaciones encajan en tipicidades como falsa denuncia, falso testimonio, soborno en la actuación penal o fraude procesal, garantizando decisiones imparciales que aclaren lo sucedido.
