En un informe de Noticias Caracol se afirmó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) habría adelantado gestiones orientadas a obtener el censo electoral y los datos de millones de votantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los días previos a la realización de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Las peticiones habrían generado interrogantes sobre los límites y las competencias de los organismos de seguridad del Estado en relación con la información de los ciudadanos habilitados para sufragar.
De acuerdo con los datos conocidos, la solicitud de acceso a las bases de datos electorales se produjo en un periodo crítico del calendario electoral, cuando la normativa y los protocolos de manejo de información sensible se encuentran sometidos a estrictas restricciones legales destinadas a garantizar la transparencia y la reserva de los datos personales.
Las indagaciones apuntan a que los requerimientos formulados por la DNI buscaban incorporar registros masivos del padrón electoral bajo argumentos institucionales de análisis de riesgos y seguridad nacional.

Diversos sectores políticos y veedurías ciudadanas han expresado reparos sobre la naturaleza de estas peticiones, advirtiendo sobre la necesidad de establecer controles rigurosos en el intercambio de información entre las agencias gubernamentales y las entidades que administran los componentes del sistema electoral.
Por su parte, los organismos de control y las instancias competentes evalúan los documentos y las comunicaciones cruzadas entre las dos entidades para determinar si los procedimientos se ajustaron al marco legal vigente o si se presentaron extralimitaciones en las funciones asignadas a los servicios de inteligencia del Estado.

