El Gobierno nacional anunció que buscará un diálogo de buena fe con Nicaragua en relación con el fallo emitido el 19 de noviembre de 2012 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sentencia que confirmó la soberanía de Colombia sobre siete formaciones insulares del archipiélago de San Andrés y estableció una nueva delimitación marítima entre ambas naciones.
La decisión de la corte otorgó a Nicaragua derechos sobre espacios marítimos que Colombia consideraba bajo su jurisdicción, una extensión calculada en aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados. Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló en su cuenta de X que el fallo de 2012 resulta inaplicable en su literalidad.
El anuncio oficial se dio tras las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, quien indicó que el próximo 30 de noviembre se expedirá un decreto para establecer las líneas de base del archipiélago y publicar sus respectivas coordenadas en las cartas náuticas oficiales del país. Según lo expresado por el mandatario, la disposición pretende dar cumplimiento a lo ordenado previamente por la Ley 10 de 1978.
Las líneas de base corresponden a los puntos de referencia geográficos utilizados por los Estados para medir la anchura de sus mares territoriales y zonas marítimas adyacentes. El Ministerio del Interior argumentó que trazar dichas líneas alrededor del archipiélago permitiría defenderlo como una sola unidad territorial, cuestionando a su vez la estrategia jurídica que el Estado colombiano empleó en su momento ante el tribunal internacional de La Haya.
La administración central contempla que las aguas situadas entre las islas del archipiélago pasen a considerarse aguas interiores colombianas. No obstante, la sentencia de 2012 ubicó parte de dichos espacios dentro de la zona económica exclusiva nicaragüense, donde ese país ejerce derechos soberanos sobre la gestión de recursos naturales y competencias específicas, mientras que Colombia conservó la soberanía sobre las islas y su mar territorial.
La expedición del decreto programada para el 30 de noviembre cartografiará el territorio arrecifal para consolidar las coordenadas oficiales del archipiélago, mientras el Ejecutivo avanza en la propuesta de abrir un canal de conversación diplomática con Managua.
