La estrategia busca identificar patrones de conexión y rutinas de los integrantes para acelerar las operaciones militares contra la criminalidad.
Un equipo conformado por ingenieros y programadores de Colombia y de Estados Unidos trabaja en el desarrollo de capacidades técnicas orientadas a acceder a los programas que operan antenas satelitales, teléfonos, computadores y otras herramientas tecnológicas empleadas por grupos armados ilegales.
De acuerdo con información obtenida por fuentes del Ministerio de Defensa, el propósito central de la iniciativa consiste en identificar patrones de conexión, desplazamientos, rutinas y posibles sitios de ocultamiento de los integrantes de estas organizaciones.
A través de esta estrategia, las instituciones de seguridad buscan optimizar la recolección de información para acelerar la localización de objetivos militares y planificar de forma más precisa las operaciones en contra de los responsables de actividades delictivas en el territorio nacional. Entre las capacidades técnicas que se encuentran en fase de preparación figura un sistema diseñado para detectar con mayor celeridad la ubicación de los miembros de estructuras criminales al momento de conectarse a redes wifi o a otros sistemas de telecomunicaciones.
Esta iniciativa de cooperación tecnológica coincide con los lineamientos de seguridad impulsados por la administración del presidente Abelardo de la Espriella y su homólogo estadounidense, orientados a fortalecer las acciones conjuntas en materia de defensa. En este contexto, altas instancias del Departamento de Defensa de los Estados Unidos han reiterado la disposición de colaborar con el Estado colombiano en la erradicación de las redes vinculadas al narcoterrorismo.
El marco operativo y diplomático se complementa con la inclusión formal de diversas estructuras criminales dentro de las listas de organizaciones terroristas extranjeras que elabora el Gobierno norteamericano. Dicha clasificación contempla restricciones financieras, congelamiento de activos y consecuencias penales para quienes presten apoyo logístico o material a los grupos armados que operan en las regiones del país.
