La Fiscalía General de la Nación puso en marcha una indagación preliminar para establecer posibles responsabilidades de carácter penal en torno a la presunta instrumentalización de al menos 48 mujeres que fueron vinculadas laboralmente a la Casa de Nariño. Los contratos se habrían formalizado mediante la modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios durante el mandato del expresidente Gustavo Petro.
Dentro del desarrollo de las diligencias judiciales, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió el manejo de la investigación, la cual ha sido denominada públicamente como el «caso de las 48».
Como parte de las primeras actuaciones procesales dispuestas por el ente acusador, se programó la citación formal a declarar de las exdirectoras del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez y Laura Sarabia.
El propósito central de estas citaciones es obtener los testimonios y las explicaciones pertinentes sobre los procesos de selección, la suscripción de dichos compromisos contractuales y las condiciones bajo las cuales laboraron las ciudadanas involucradas. Las autoridades buscan esclarecer si los convenios administrativos respondieron a necesidades institucionales o si existieron conductas irregulares orientadas a afectar los derechos de las trabajadoras.
La apertura de esta indagación preliminar se suma a otras revisiones de carácter judicial y disciplinario que los órganos de control adelantan sobre la contratación pública efectuada en distintas dependencias del Ejecutivo durante los años anteriores. Mientras avanzan las citaciones y la recolección de elementos probatorios, la Fiscalía continuará ejecutando las verificaciones necesarias para determinar el alcance de las presuntas irregularidades denunciadas en el interior de la sede de gobierno.
