La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete integrantes del Ejército Nacional —un oficial y seis suboficiales— por su presunta participación en la apropiación irregular de recursos públicos destinados al pago de viáticos en un batallón de operaciones terrestres ubicado en Cúcuta, Norte de Santander. Los hechos investigados ocurrieron entre enero y abril de 2025 y generaron un detrimento patrimonial superior a los 10 millones de pesos.
De acuerdo con los elementos recaudados durante las labores de policía judicial, los procesados habrían adulterado registros e informes de cumplimiento relacionados con supuestas comisiones de servicio en otras ciudades del país.
Las verificaciones permitieron establecer contradicciones entre los desplazamientos reportados y los registros institucionales de las unidades militares de destino, evidenciando que los traslados no se ejecutaron, que los uniformados se encontraban en situaciones administrativas o que las actividades realizadas no correspondían a las autorizadas.

Los investigados son el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez, los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín, el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega, y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez. Para la fecha de los hechos, los militares cumplían funciones en áreas administrativas, logísticas y operacionales de la unidad, desde donde habrían intervenido en la elaboración, presentación y legalización de la documentación para obtener el reconocimiento económico de las misiones.
Las capturas fueron materializadas de manera simultánea por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijín de la Policía Nacional, con el apoyo del Ejército, en diligencias realizadas en Barranquilla (Atlántico), Neiva (Huila), Villavicencio (Meta), Nilo (Cundinamarca), Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga (Santander) y Cúcuta. Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y, por determinación de un juez de control de garantías, quedaron vinculados al proceso bajo medidas no privativas de la libertad que incluyen la prohibición de salir del país y de contactar a los testigos.

