En la mañana del 29 de enero, la administración de Donald Trump ha revocado una de las últimas iniciativas del expresidente Biden. El nuevo gobierno revocó la extensión del “Estatuto de Protección Temporal” (TPS) que se le había otorgado a los ciudadanos venezolanos.
Este hecho ocurrió a causa de una redada que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, donde hubo un total de 1.000 arrestos. En este operativo fueron capturados 25 miembros del Tren de Aragua, la banda criminal más grande de Latinoamérica. Adicionalmente, también fueron capturados algunos miembros de la Mara Salvatrucha, otra de las bandas más fuertes de la región.
Esta decisión fue tomada por la nueva secretaria del Departamento Nacional de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La funcionaria afirmó lo siguiente con respecto a lo sucedido: “No vamos a trabajar con las manos atadas, vamos a seguir el proceso y evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país […]”.
El accionar de la nueva administración proyecta que, anualmente, se realicen un millón de deportaciones por año. Con base en esto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt comunicó lo siguiente: “toda persona que ingresa ilegalmente al país, por definición es un criminal y está sujeto a deportación”. En ese sentido, estas cifras cuadruplican las del gobierno Biden, por lo que existe escepticismo sobre la capacidad del departamento para coordinar un operativo de tal magnitud.
Hasta no evidenciar de manera clara cuánto puede abarcar la entidad gubernamental, el volumen de exportaciones es incierto.
