El dictador venezolano y su esposa fueron sorprendidos por las nuevas acusaciones que reveló la justicia norteamericana.
Siguen las audiencias en el proceso contra el dictador venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos; el 8 de octubre se llevó a cabo una diligencia en la que las autoridades norteamericanas acusaron a Maduro de conspirar para torturar a ciudadanos con el objetivo de mantenerse en el poder.
“Autorizó el uso de la tortura contra individuos específicos y supervisó un sistema diseñado para utilizar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política”, es parte de la acusación contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por conspiración para torturar.
Los detalles de las denuncias incluyen descargas eléctricas, golpizas y asfixias que habrían sido perpetradas por orden del dictador, que provocó que miles de venezolanos fueran arrestados, procesados y agredidos por cuestionar a la dictadura. Un caso que llamó la atención es en el que miembros del régimen amenazaron a un capturado con matar a su hijo con «tortura psicológica» si no colaboraba con ellos.
La deuda y el vínculo con las Farc
En la audiencia se mencionó una revelación que es noticia en la región, puesto que las autoridades aseguraron que una deuda por narcotráfico provocó que Nicolás Maduro negociara la entrega de explosivos del ejército venezolano a la guerrilla colombiana, más específicamente las Farc-EP
Además de las Farc, la justicia afirma que el régimen tenía vínculos con el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otras estructuras criminales por las que se prevé una condena mínima de 20 años de prisión para Maduro y Cilia Flores.
En la diligencia se mencionaron acuerdos y compromisos económicos con Rodrigo Londoño «Timochenko», Luciano Marín «Iván Márquez» y Seuxis Hernández «Jesús Santrich».
De acuerdo con los fiscales, en las reuniones que sostuvo el régimen con los guerrilleros colombianos se concretaron las actividades de narcotráfico que protagonizó la dictadura venezolana para pagar una importante deuda. El acuerdo habría incluido un respaldo militar con el que las Farc-EP confrontaron a la fuerza pública en ese momento.
El escrito afirma que Nicolás Maduro tenía claridad de que los insumos de armamento iban a ser utilizados para combatir al Ejército colombiano y atacar a la población civil del país cafetero, y que el vínculo entre las partes se prolongó hasta mediados de 2015, un año antes de que las Farc firmaran la paz en Colombia.
