Los altos gastos y la poca mano de obra son algunos de los motivos que llevarían al mandatario salvadoreño a tomar esta decisión.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer la existencia de una propuesta gubernamental orientada a conceder beneficios de liberación anticipada a aproximadamente el 50% de la población penitenciaria que cumple condenas por el delito de colaboración con pandillas.
Las declaraciones fueron dadas durante una rueda de prensa en la que el mandatario fue consultado sobre las políticas de detención aplicadas durante el régimen de excepción. Según lo manifestado por el jefe de Estado, el proyecto está dirigido de manera específica a aquellos reclusos que no figuran como miembros de las estructuras operativas de las maras, sino que fueron categorizados como colaboradores o facilitadores dentro de los expedientes judiciales.
El esquema proyectado contempla que los beneficiarios accedan a un régimen de libertad condicional sujeto a mecanismos de supervisión y monitoreo constante por parte de las instituciones de justicia y seguridad. Como parte de la evaluación de los expedientes, un equipo técnico independiente analiza las condiciones individuales de cada caso para determinar si las conductas delictivas fueron cometidas bajo coacción o amenazas directas derivadas del contexto de violencia ejercido por las pandillas en las comunidades.
El anuncio se registra como una estrategia que va en contra del plan de seguridad iniciado en marzo de 2022 mediante el régimen de excepción, medida aprobada por la Asamblea Legislativa que ha derivado en la captura de más de 80.000 personas señaladas de vínculos con grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18. La aplicación de este marco normativo ha reconfigurado la población carcelaria nacional y el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño.
De acuerdo con lo precisado por las autoridades del Ejecutivo, las personas procesadas por delitos de sangre, homicidios o liderazgo dentro de las organizaciones criminales permanecerán excluidas de cualquier medida de liberación condicional, manteniendo su cumplimiento de pena en centros de máxima seguridad como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El desarrollo de la propuesta requerirá el cumplimiento de trámites legales e institucionales correspondientes ante el sistema de justicia del país.
