domingo, diciembre 8, 2024
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    Finanzas Verdes y Construcción Sostenible en Colombia: Una Alianza para un Futuro Resiliente

    En Colombia, las finanzas verdes y la construcción sostenible han ganado gran relevancia en los últimos años, impulsadas por iniciativas tanto del sector público como privado. Las entidades financieras están cada vez más comprometidas en ofrecer créditos verdes con condiciones preferenciales, destinados a apoyar proyectos de construcción que cumplen con certificaciones de sostenibilidad como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), el sistema de calificación de edificios verdes más reconocido a nivel mundial. Esta certificación garantiza que los proyectos integren prácticas de eficiencia energética, uso responsable del agua, empleo de materiales sostenibles y estrategias de construcción que promueven el bienestar de las personas y el cuidado del medio ambiente.

    En Colombia, las finanzas climáticas juegan un papel fundamental en la promoción de la construcción sostenible, un sector clave para mitigar el cambio climático y reducir la huella de carbono del país. Ésta se refiere al diseño, construcción y operación de edificios y estructuras que minimizan el impacto ambiental, mejoran la eficiencia energética y promueven el uso de recursos renovables.

    La construcción sostenible ha demostrado beneficios financieros tanto para los desarrolladores como para los usuarios finales. La adopción de prácticas sostenibles puede reducir los costos operativos de los edificios a largo plazo y mejorar la eficiencia energética, lo que genera ahorros significativos para propietarios y usuarios. Por ejemplo, certificar un proyecto bajo el sistema LEED puede ofrecer ahorros operativos que varían según el tipo de desarrollo, pero en promedio, estos pueden alcanzar un 31% en consumo de energía y un 53% en el uso de agua potable.”, afirma María Alexandra Cardona, Líder de Desarrollo de Negocios del GBCI en Colombia.

    Desde el sector de la construcción se ha reconocido que los edificios y las construcciones en general son importantes emisores de gases de efecto invernadero, representando el 37% de las emisiones globales, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este alto porcentaje se debe al uso intensivo de materiales con una alta huella de carbono, como el cemento, el acero y el aluminio, como también el consumo energético.

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    El gobierno colombiano también ha sido activo en este campo, promoviendo programas que facilitan la adquisición de viviendas sostenibles mediante incentivos tributarios y subsidios específicos. Estos incluyen la deducción de renta, exclusión del IVA, exención de derechos arancelarios y depreciación acelerada para proyectos que integren elementos que contribuyan a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales, así como medidas para la gestión eficiente de energía y el desarrollo de proyectos de hidrógeno azul o verde.

    Adicionalmente, el sector de la construcción ha avanzado significativamente, con más de 17 millones de metros cuadrados de proyectos sostenibles certificados a nivel nacional. Además, se estima que para 2027, más del 80% del portafolio de los constructores estará certificado como sostenible, según la Asociación Colombiana de Constructores (Camacol).

    En cuanto a cifras adicionales, en 2023 se informó que el mercado de bonos verdes en Colombia alcanzó una emisión aproximada de 2.6 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 40% en comparación con el año anterior. Esta tendencia positiva refleja un creciente interés en financiar proyectos que cumplan con estrictos estándares ambientales.

    De acuerdo a Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) en su mas reciente análisis de del Estado de la construcción sostenible, Colombia es el séptimo país de Sur América con más emisiones de este tipo de bonos, después de Chile, Brasil, México, a nivel supranacional, Perú y Argentina. Además, Colombia fue el primer país de América Latina y el Caribe (ALC) en fijar el precio de un bono verde soberano en su propia moneda, una estrategia conocida por apoyar la creación de mercados verdes locales (CBI, 2023)

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    Por otro lado, la Superintendencia Financiera de Colombia ha presentado estrategias claras para fortalecer las finanzas verdes y enfrentar el cambio climático, estableciendo metas ambiciosas para incrementar la cartera verde del país, con un objetivo de alcanzar los 40 billones de pesos para 2025. A fin de apoyar este objetivo, se ha establecido una meta de incremento anual del 15% en la financiación de proyectos verdes.

    Bonos Verdes y Financiación Sostenible:

    • Bonos Verdes: En Colombia, el sector de la construcción está aprovechando los bonos verdes para financiar proyectos sostenibles. Estos instrumentos financieros permiten a las empresas obtener recursos para desarrollar edificaciones con certificaciones ambientales, como LEED, entre otros sistemas de certificación, que garantizan un menor consumo de energía y agua, así como la reducción de emisiones de CO2.

    • Financiación Mixta: Se utilizan esquemas de financiamiento que combinan capital privado y recursos públicos, incluidos incentivos fiscales, para apoyar proyectos de construcción sostenible. Estos modelos ayudan a reducir los riesgos y costos asociados con la implementación de tecnologías verdes.

    • Políticas y Programas Gubernamentales: El gobierno colombiano, a través de políticas como el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Acción Sectorial para la Construcción Sostenible, impulsa la adopción de prácticas de construcción verde. Estas políticas están respaldadas por fondos nacionales e internacionales que se canalizan hacia el desarrollo de infraestructura sostenible.

    • Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE): Este fondo apoya proyectos que promueven la eficiencia energética en el sector de la construcción, proporcionando financiamiento a iniciativas que incorporan energías renovables y tecnologías limpias en nuevos desarrollos y remodelaciones.

    Iniciativas Privadas y Asociaciones Público-Privadas:

    Las alianzas entre el sector público y privado han sido clave para movilizar recursos hacia la construcción sostenible. Empresas constructoras y desarrolladores están cada vez más interesados en participar en programas de certificación ambiental, impulsados tanto por incentivos fiscales como por la demanda de los consumidores por viviendas y oficinas más ecológicas.

    • Proyectos Innovadores: Ejemplos recientes incluyen el desarrollo de edificios de oficinas y residenciales que utilizan sistemas de gestión de energía avanzada, materiales reciclados y tecnologías de bajo impacto ambiental.

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    Además, el sector financiero ofrece productos y servicios diseñados para beneficiar a los constructores y usuarios de proyectos sostenibles. En Colombia, seis bancos han liderado la oferta de la cadena de valor, brindando tasas preferenciales para créditos constructores, créditos hipotecarios y leasing habitacional, dirigidos a certificaciones de construcción sostenible como LEED. En este contexto, Colombia, en línea con sus compromisos internacionales como el Acuerdo de París, ha adoptado la Taxonomía Verde para promover la financiación de actividades que favorezcan la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. Esta iniciativa es liderada principalmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con otras entidades regulatorias y financieras.

    La integración de finanzas climáticas con la construcción sostenible en Colombia es crucial para un futuro más verde y resiliente. Esta sinergia apoya la descarbonización del sector de la construcción y el cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales e internacionales, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. El sector privado juega un papel clave al adoptar prácticas y tecnologías que reduzcan la huella de carbono y mejoren la eficiencia energética. La inversión en construcción verde y el uso de materiales ecológicos no solo cumplen con las normativas, sino que también aportan beneficios económicos. Además, el sector privado puede colaborar con el gobierno para desarrollar mecanismos financieros como incentivos fiscales y fondos verdes, esenciales para una transición sostenible y responsable.

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