La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional para atender a las víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento, así como a los territorios cuyos habitantes tienen potencial riesgo de sufrir estas dinámicas del conflicto.
Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, un total de 23.931 personas sufrieron afectaciones por hechos de desplazamiento forzado a causa de enfrentamientos entre grupos armados en el país. Sumado a esto, en agosto 5.976 fueron desplazadas de manera forzada por cuenta de 11 situaciones de conflicto.
La entidad también indicó que en el mismo periodo 80.369 personas sufrieron confinamiento y que, además, solo en el octavo mes del año se presentaron nueve hechos victimizantes que obligaron el confinamiento de 6.201 ciudadanas y ciudadanos. Chocó ha sido el departamento más afectado por esta problemática, con 15.641 personas confinadas, seguido de Cauca, con 13.350, y Putumayo con 12.646.
Sumado a esto, Cauca es el departamento con el mayor número de víctimas por desplazamiento (más de 6.700); detrás se encuentran Norte de Santander y Antioquia, con 4.350 y 3.150 víctimas, respectivamente. Otro dato que refleja la situación de violencia en buena parte del país es que, solo entre el 1 y el 31 de agosto de 2026, se presentaron 11 eventos relacionados con el conflicto interno que generaron el desplazamiento forzado masivo de 5.976 personas en 5 departamentos: Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
Al respecto, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno nacional y a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), para que presten especial atención a los territorios más afectados por estas dinánicas y así brindar atención oportuna a las personas que han sufrido afectaciones de desplazamiento y confinamiento, o que están en potencial peligro de tener estas afectaciones.
«El propósito es reducir las barreras y cargas administrativas que retrasan la respuesta institucional, priorizar la urgencia humanitaria y garantizar de manera efectiva los derechos de las comunidades afectadas», indicaron desde la entidad a cargo de Iris Marín.
