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Presidente Gustavo Petro propone polémico programa ‘Jóvenes en Paz’ con subsidios por no matar: genera debate nacional

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, presenta su controvertido programa ‘Jóvenes en Paz’, que busca alejar a la juventud de la violencia mediante subsidios mensuales. La propuesta ha desencadenado un intenso debate en todo el país sobre su efectividad y posibles implicaciones políticas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propone la implementación de un programa llamado «Jóvenes en Paz», que implica la entrega de subsidios mensuales de un millón de pesos (aproximadamente 240 dólares) a jóvenes en riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Esta iniciativa, que ya fue aplicada por Petro durante su mandato como alcalde de Bogotá, busca alejar a los jóvenes de la violencia y la delincuencia.

Petro argumenta que existe una conexión directa entre la falta de oportunidades y la inseguridad, especialmente en áreas afectadas por la economía ilícita del narcotráfico. Señala que un porcentaje significativo de jóvenes en el litoral pacífico no tiene acceso a la educación superior, lo que los deja vulnerables a la influencia de bandas criminales. La propuesta busca abordar las dificultades socioeconómicas al proporcionar una renta básica mensual, con el objetivo de reducir los incentivos para unirse a actividades delictivas.

El ministro del Interior respalda la iniciativa, destacando que el concepto de «pagar por no matar» es metafórico y que las transferencias de un millón de pesos serán temporales. Además, se menciona un programa piloto en el Pacífico con 150 beneficiarios, con planes de ampliar la cobertura a otras regiones del país con el apoyo de la Iglesia Católica y organizaciones sociales.

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No obstante, la oposición critica el programa, argumentando que prioriza a los jóvenes que han delinquido. Algunos opositores sugieren que los incentivos deberían centrarse en la educación en lugar de en transferencias condicionadas. También expresan preocupaciones sobre el posible uso del programa para ganar apoyo político, una acusación que ya se había hecho cuando se implementó en Bogotá durante el mandato de Petro como alcalde.

En resumen, la propuesta de «Jóvenes en Paz» busca abordar la inseguridad y la falta de oportunidades a través de subsidios mensuales, generando controversia en la opinión pública y desencadenando debates sobre la efectividad y los posibles riesgos del programa.

A pesar del impacto generado durante el fin de semana, la propuesta del presidente Petro sobre el programa «Jóvenes en Paz» no es nueva y ha sido un tema recurrente en sus declaraciones, adaptando su mensaje a diferentes regiones. Desde diciembre, ha mencionado la iniciativa en diversas ocasiones, como en el Norte de Santander, donde anunció que comenzaría el 1 de enero para fomentar el aprendizaje y alejar a la juventud de la violencia.

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En enero, durante una visita a Cali, presentó una iniciativa para que 100,000 jóvenes puedan «comer y estudiar», enfatizando la importancia de tener pan para abrir un libro. Recientemente, expresó su deseo de una «renta ciudadana a cambio de educarse» al referirse a la situación de seguridad en Antioquia.

Aunque Petro afirmó el sábado que «Jóvenes en Paz» ya está en marcha, los detalles concretos son escasos, limitándose a lo mencionado por el ministro Velasco el lunes. No hay claridad sobre cómo se identificará a la población en riesgo ni cómo se verificará el cumplimiento de las obligaciones para recibir el subsidio.

En el papel, los objetivos generales del programa están reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en mayo, que establece transferencias monetarias condicionadas al trabajo social y al estudio, acceso a mecanismos de asistencia al emprendedurismo, gratuidad de programas educativos y servicios de salud mental. Sin embargo, la falta de especificaciones y la confusión sobre la responsabilidad en las etapas iniciales del programa generan incertidumbre.

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En la práctica, no se ha determinado claramente quién está a cargo del programa en sus primeras etapas. Aunque consultas al Ministerio del Interior llevaron a referencias al Departamento Administrativo de Prosperidad Social y al Ministerio de la Igualdad, la situación sigue sin aclararse. En este momento, la propuesta de «pagar por no matar» parece ser más retórica que una iniciativa con detalles concretos.

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