El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propone la implementación de un programa llamado «Jóvenes en Paz», que implica la entrega de subsidios mensuales de un millón de pesos (aproximadamente 240 dólares) a jóvenes en riesgo de ser reclutados por grupos criminales. Esta iniciativa, que ya fue aplicada por Petro durante su mandato como alcalde de Bogotá, busca alejar a los jóvenes de la violencia y la delincuencia.
Petro argumenta que existe una conexión directa entre la falta de oportunidades y la inseguridad, especialmente en áreas afectadas por la economía ilícita del narcotráfico. Señala que un porcentaje significativo de jóvenes en el litoral pacífico no tiene acceso a la educación superior, lo que los deja vulnerables a la influencia de bandas criminales. La propuesta busca abordar las dificultades socioeconómicas al proporcionar una renta básica mensual, con el objetivo de reducir los incentivos para unirse a actividades delictivas.
El ministro del Interior respalda la iniciativa, destacando que el concepto de «pagar por no matar» es metafórico y que las transferencias de un millón de pesos serán temporales. Además, se menciona un programa piloto en el Pacífico con 150 beneficiarios, con planes de ampliar la cobertura a otras regiones del país con el apoyo de la Iglesia Católica y organizaciones sociales.
No obstante, la oposición critica el programa, argumentando que prioriza a los jóvenes que han delinquido. Algunos opositores sugieren que los incentivos deberían centrarse en la educación en lugar de en transferencias condicionadas. También expresan preocupaciones sobre el posible uso del programa para ganar apoyo político, una acusación que ya se había hecho cuando se implementó en Bogotá durante el mandato de Petro como alcalde.
En resumen, la propuesta de «Jóvenes en Paz» busca abordar la inseguridad y la falta de oportunidades a través de subsidios mensuales, generando controversia en la opinión pública y desencadenando debates sobre la efectividad y los posibles riesgos del programa.
