La Corte Constitucional dio a conocer una radiografía institucional sobre la situación que atraviesa el departamento de La Guajira, destacando el registro de casos de mortalidad infantil y la presencia de proyectos de infraestructura de agua potable en estado de abandono o con retrasos significativos en su ejecución. El seguimiento efectuado por el alto tribunal subraya la persistencia de barreras estructurales que dificultan el goce efectivo de los derechos fundamentales de las comunidades asentadas en la región.
De acuerdo con los reportes analizados en el marco de las evaluaciones de cumplimiento, las falencias en la provisión continua del recurso hídrico y en la atención integral en salud continúan incidiendo en las condiciones de vida de la población infantil. Ante este panorama, las instancias judiciales han reiterado la necesidad de que las entidades del orden nacional y territorial armonicen sus competencias para superar las deficiencias administrativas y operativas detectadas en los planes de intervención anteriores.

Asimismo, las directrices emitidas enfatizan que los informes presentados por las entidades estatales deben reflejar resultados verificables en el bienestar de los menores, evitando la simple acumulación de trámites administrativos o contratos sin ejecución material. Entre las exigencias prioritarias figura la actualización de un inventario detallado de las obras hídricas construidas o rehabilitadas, con el propósito de identificar aquellas que se encuentran fuera de servicio y estructurar un esquema escalonado para su pronta reactivación.
De igual manera, el seguimiento institucional contempla mesas técnicas y mecanismos de supervisión rigurosa para garantizar que la asignación presupuestal y los programas de asistencia alimentaria operen de manera oportuna, mitigando los factores de riesgo asociados a la desnutrición y optimizando la presencia institucional en las zonas rurales más apartadas del departamento.

