En medio de la polémica por el retiro de más de 30 obras del Museo Nacional y que hacían alusión al Acuerdo Final de Paz, magnicidios como los de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, la comunidad LGBTIQ+ y el movimiento feminista, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió una decisión que ordena al Gobierno de Abelardo de la Espriella, en cabeza del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y al mismo Museo, a entregar un informe en un plazo de cinco días hábiles, que detalle cuántas piezas en total se desmontaron, quién autorizó esta decisión, y toda la trazabilidad existente alrededor del proceso que derivó en este acto calificado desde sectores culturales y artísticos como censura.
El auto emitido por el tribunal de justicia transicional y conocido en primera instancia por El Tiempo, detalla que actúa amparado en la medida cautelar de 2024 sobre desaparición forzada, pues algunas de estas muestras podrían hacer referencia a la búsqueda de víctimas, así como las luchas de familiares de personas desaparecidas con ocasión del conflicto armado.
Asimismo, la JEP aclaró que no busca imponer una versión de la historia e indica que el Museo Nacional tiene plena autonomía para modificar sus salas y las obras que allí se exhiben. Sin embargo, es clara al manifestar que dicho proceso se debe hacer bajo criterios técnicos y más aún cuando se trata de figuras que representan a víctimas y comunidades históricamente excluidas y estigmatizadas.
Esta decisión fue comunicada también a la Defensoría del Pueblo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Procuraduría General de la Nación, y a organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Reiniciar y la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos (Asfaddes).
