La representante a la Cámara Karen Manrique y el senador Wadith Manzur se entregaron a las autoridades luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura en el marco del escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos congresistas están señalados de participar en un presunto esquema de intercambio de favores políticos por contratos públicos, uno de los casos de corrupción más relevantes que ha enfrentado el gobierno en los últimos años.
La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Manzur y Manrique mientras avanza el proceso judicial. El alto tribunal considera que existen elementos probatorios suficientes para vincularlos con el delito de cohecho impropio, es decir, la presunta recepción de beneficios a cambio de actuaciones relacionadas con su función pública.
El proceso se deriva del escándalo de corrupción en la UNGRD, entidad encargada de coordinar la gestión del riesgo de desastres en el país. Las investigaciones han señalado que recursos públicos destinados a atender emergencias habrían sido utilizados para ofrecer contratos o beneficios políticos a congresistas a cambio de apoyo a iniciativas del gobierno en el Congreso.
De acuerdo con las investigaciones, tanto Manzur como Manrique integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso, un órgano clave para aprobar operaciones de endeudamiento del Estado. Según los testimonios y pruebas analizadas por la Corte, algunos congresistas habrían negociado su respaldo político a proyectos del Gobierno a cambio de que contratos financiados con recursos de la UNGRD fueran dirigidos hacia sus regiones o aliados políticos.
En el caso específico de la representante Karen Manrique, la Corte investiga si habría negociado su voto favorable a proyectos legislativos a cambio de la ejecución de una obra vial en el tramo Tame–Puerto Rondón, en el departamento de Arauca. Según las declaraciones recopiladas durante el proceso, el contrato estaría destinado a ser administrado por su esposo, lo que habría configurado un posible beneficio indirecto.
Las sospechas sobre Manrique no son recientes. Su nombre ya había aparecido en testimonios entregados a las autoridades por exfuncionarios de la UNGRD, entre ellos el exsubdirector Sneyder Pinilla, quien colaboró con la justicia y reveló detalles del presunto entramado de corrupción dentro de la entidad. Estas declaraciones fueron clave para que la Corte ampliara las investigaciones contra varios congresistas.
Por su parte, Wadith Manzur, político del Partido Conservador y representante por el departamento de Córdoba, también fue señalado por su posible participación en el esquema. La Corte concluyó que hay evidencia documental, grabaciones y testimonios que lo vincularían con el presunto intercambio de favores políticos por contratos financiados con recursos de la UNGRD.
La decisión judicial no solo afecta a estos dos congresistas. En el mismo proceso también fueron llamados a juicio otros legisladores, entre ellos Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, así como el excongresista Juan Diego Muñoz. Sin embargo, en estos casos la Corte decidió que continúen vinculados al proceso en libertad mientras avanza la investigación.
Tras conocerse la orden de captura, ambos congresistas optaron por entregarse voluntariamente a las autoridades. Manrique se presentó ante la Policía en el municipio de Tame, Arauca, mientras que Manzur se puso a disposición de la Fiscalía en Bogotá para cumplir con la decisión judicial.
El caso tiene además implicaciones políticas relevantes. Tanto Manzur como Manrique fueron reelegidos recientemente para el Congreso, por lo que su situación judicial abre el debate sobre la aplicación de la figura de “silla vacía”, que podría dejar sin reemplazo las curules obtenidas por sus partidos si se confirma su responsabilidad en delitos relacionados con corrupción.
El escándalo de la UNGRD ha salpicado a múltiples actores políticos y funcionarios del gobierno, convirtiéndose en uno de los casos de corrupción más sensibles en la política colombiana reciente. Mientras avanzan las investigaciones, la Corte Suprema continuará evaluando las pruebas para determinar la responsabilidad penal de los implicados y esclarecer el alcance del presunto entramado de corrupción.
