El 17 de octubre, la Fiscalía General de la Nación entregó detalles del operativo en el que se logró la captura de los integrantes de una estructura criminal que engañaba a las personas con ofertas de bonos y membresías para la adquisición de tiquetes y paquetes turísticos.
Se trataba de una red criminal en Medellín (Antioquia) que fue responsable de una millonaria estafa masiva que afectó a más de 1.000 ciudadanos y dejó ganancias ilícitas superiores a los 14.000 millones de pesos.
El modus operandi de la organización consistía en abordar a personas en centros comerciales ofreciéndoles bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos mediante empresas con diversas razones sociales. Una vez que conducían a las víctimas a sus oficinas, les solicitaban cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos celulares bajo el pretexto de validar las ofertas. No obstante, empleaban estos datos y dispositivos para abrir productos financieros y ejecutar transacciones fraudulentas sin autorización.
El esquema ilegal afectó principalmente a adultos mayores, personas en condición de vulnerabilidad y ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas. La estructura aprovechaba estas condiciones e impedía a los afectados leer los contratos que firmaban. Cuando las personas no portaban sus documentos o tarjetas, integrantes de la organización las acompañaban hasta sus viviendas para obtenerlos. Los fondos captados eran desviados a cuentas bajo el control de la red.
Por estos hechos, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) imputó a los procesados —Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Henao, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa— los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado.
En uno de los casos, debido a que la víctima no contaba con su documentación, los delincuentes engañaron al ciudadano y lo acompañaron hasta su residencia para que pudiera firmar la documentación.
Aunque ninguno de los acusados aceptó los cargos ante un juez de control de garantías, cinco de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Manrique Villa cumplirá prisión domiciliaria.
