En medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y algunos entes y organismos de la Rama Judicial (Fiscalía y Procuraduría), parte del Ejecutivo, las altas cortes y las diferentes bancadas en el Senado llegaron a un acuerdo que tendrá como primer beneficiado al campo colombiano.
Durante el miércoles 31 de mayo la Comisión Primera de la alta corporación aprobó, en séptimo debate, el proyecto de reforma que crea una jurisdicción agraria. Esta no solo era una exigencia de la Corte Suprema de Justicia, sino una deuda con el Acuerdo Final de Paz y el cumplimiento de su primer punto: la Reforma Rural Integral (RRI).
Por unanimidad, los integrantes de esta sección del Senado votaron positivamente el proyecto que permitirá, en primera instancia, una rápida y efectiva solución de los conflictos de tierra en el país.
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Al respecto, el ministro de Justicia Néstor Osuna dijo que con la aprobación de este proyecto de reforma “finalmente ofreceremos a campesinos y campesinas la posibilidad de resolver en derecho y con justicia esos pleitos de tierras que históricamente se han resuelto a bala”. La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, celebró el gran consenso logrado entre el Ejecutivo, las bancadas y los tribunales.
Durante la discusión, una de las modificaciones más grandes del proyecto fue la eliminación de la propuesta de suscitar una Corte Agraria. Para el jefe de la cartera de Justicia y el Derecho esto era clave para el desarrollo de la jurisdicción; pero la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado insistieron en que era «innecesario» un nuevo órgano judicial.
En ese sentido, los altos tribunales se encargarán de los conflictos de tierra, mientras que los jueces de instancia solucionarán temas relacionados con el derecho civil (como la propiedad, tenencia, usufructo o arriendo de tierra) y administrativo, entre ellos la adjudicación de terrenos baldíos, licencias ambientales y de uso del suelo.
Al proyecto de reforma solo le falta pasar un debate (que sería el octavo), el de plenaria de Senado para después ser sancionado por el presidente de la República.
