La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), materializó la captura de siete personas presuntamente vinculadas a una red señalada de simular operaciones de comercio exterior.
De acuerdo con el expediente de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, el entramado habría facilitado el ingreso al país de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito entre los años 2020 y 2023.
Las evidencias recaudadas indican que la estructura hacía figurar cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados como exportados hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca, sin que los productos cruzaran físicamente la frontera. En la maniobra participaban cinco comercializadoras internacionales registradas como exportadoras y una agencia de aduanas encargada de tramitar las declaraciones y soportes documentales correspondientes.
Por su parte, funcionarios adscritos a la DIAN en Ipiales (Nariño) habrían certificado de manera irregular la salida de las mercancías del territorio nacional. Con base en dicha documentación, recursos financieros provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú ingresaban al sistema económico colombiano bajo la figura de reintegros por concepto de ventas al exterior.
Las diligencias de captura fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el respaldo del Ejército Nacional, en las ciudades de Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales. Los detenidos fueron identificados como Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras; junto a los servidores públicos Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.
Tras la legalización de los procedimientos ante un juez de control de garantías, la Fiscalía formuló imputación de cargos por los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público. Adicionalmente, el material probatorio fue remitido a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para adelantar la evaluación sobre bienes y activos asociados a las operaciones investigadas.
