La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, efectuó la captura de diez personas presuntamente vinculadas al Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Centro’ en Bogotá.
Durante el desarrollo de la operación Kratos, siete de las detenciones se materializaron mediante orden judicial y tres en situación de flagrancia, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
La investigación tuvo una duración de un año e incluyó interceptación de comunicaciones, consultas en bases de datos, declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos y vigilancia mediante drones y cámaras del sistema C4. Según los reportes oficiales, la estructura concentraba sus operaciones de expendio al menudeo en el barrio San Bernardo, localidad de Santa Fe, comercializando sustancias identificadas como ‘Línea Roja’ y ‘Blanco Paloma’ en inmediaciones de dos centros educativos.
Las diligencias judiciales establecieron que la organización almacenaba y dosificaba la droga en inmuebles ubicados en las localidades de Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. Allí empacaban el bazuco en bolsas de 50 dosis denominadas ‘bombas’, las cuales eran enviadas en maletas a través de servicios de plataforma hacia los administradores de zona, quienes posteriormente instrumentalizaban a habitantes de calle para trasladar el material hasta los puntos de venta.
Dentro del organigrama criminal, fue identificado alias ‘Daniel’ o ‘el farmacéutico’ como presunto cabecilla encargado de proveer la sustancia, utilizando una droguería del sector para recaudar el dinero de las ventas junto a su compañera sentimental, alias ‘Derly’, y su hijo, alias ‘Kevin’. Asimismo, fueron capturados alias ‘Toño’, ‘Aida’ y ‘Scarlett’, señalados de administrar zonas y controlar expendios, además de alias ‘Claudia’, vinculada a labores de dosificación.
En los procedimientos fueron incautados 3.000 gramos de bazuco, 10.000 dosis de estupefacientes, cinco celulares, grameras y ocho millones de pesos en efectivo, afectando rentas criminales estimadas en 50 millones de pesos mensuales. Tras las audiencias preliminares, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra siete de los procesados.
