En una reciente decisión, el Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha dictaminado la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien actualmente tiene 85 años. Esta resolución, fechada el 4 de diciembre de 2023, insta al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Director del Penal de Barbadillo a garantizar la libertad de Fujimori en el mismo día, bajo responsabilidad.
Este veredicto reafirma una sentencia previa emitida por el mismo tribunal en marzo de 2022. Sin embargo, cabe destacar que la ejecución de esta liberación fue suspendida anteriormente debido a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 7 de abril de 2022, que instó al Estado peruano a no implementarla.
La historia legal de Fujimori incluye un indulto humanitario otorgado en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, la justicia peruana revocó este indulto un año después, resultando en el retorno de Fujimori a prisión.
Alberto Fujimori, quien ocupó la presidencia de Perú desde 1990 hasta 2000, enfrenta una condena de 25 años por delitos de homicidio calificado y lesiones graves en relación con los casos Barrios Altos y La Cantuta. La liberación ahora ordenada por el TC restituye los efectos del mencionado indulto humanitario.
La noticia ha desatado una gran polémica en Perú, donde el legado y la figura de Fujimori continúan siendo temas divisivos. La hija del expresidente, Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, destacó en una conferencia de prensa que la resolución del Tribunal Constitucional debe ser acatada y ejecutada, especialmente considerando la opinión previa de la CIDH. Este acontecimiento reaviva el debate en torno a la figura de Alberto Fujimori y sus implicaciones legales en la política peruana.
La liberación de Alberto Fujimori también ha reavivado el debate sobre la calidad del sistema judicial peruano y sus implicaciones políticas. Algunos críticos argumentan que esta decisión puede tener ramificaciones significativas en la percepción de la justicia en el país, especialmente en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. A su vez, defensores de Fujimori sostienen que la medida es un acto de justicia y destacan el estado de salud del expresidente como un factor relevante.
Es importante señalar que el retorno de Fujimori a la esfera pública podría tener impactos en el panorama político peruano. Dada su relevancia histórica y su influencia en la política nacional, su liberación podría generar discusiones intensas sobre su posible participación en la vida política del país. Este acontecimiento sin duda alguna seguirá siendo objeto de atención y análisis en los próximos días, tanto a nivel nacional como internacional.
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