Acostumbrados a pagar una de las gasolinas más baratas de América, los colombianos enfrentan un inédito aumento de precios desde que el gobierno decidió reducir subsidios que aumentaban su déficit e iban en contra de sus promesas ambientales.
En octubre, dos meses después de asumir el poder, el presidente Gustavo Petro comenzó a ajustar los precios de la gasolina. Al 2 de mayo, ya valía 11.767 pesos colombianos por galón (2,5 dólares), 28% más respecto a siete meses antes. Es el mayor aumento en los últimos cuatro años.
El alza responde a la urgencia del mandatario de reducir el gasto fiscal generado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un programa estatal que subsidia su costo desde 2007 para evitar un impacto en los consumidores.
El mandatario apuesta por eliminar esa carga para el Estado y usar los recursos liberados en mejorar la inversión social, cuando el hueco en el fondo llega a los 36 billones de pesos. Además, Petro considera que subsidiar los combustibles va en contravía de sus políticas ambientales para enfrentar la crisis climática, como suspender las actividades de exploración de petróleo y gas.
Las medidas golpean el bolsillo de los colombianos, que en marzo enfrentaron la mayor inflación en lo que va del siglo (13,34% interanual) y su descontento permeó las redes sociales.
El contexto internacional avisa de los posibles efectos de subir los precios o controlar la distribución de combustible. En Ecuador las protestas acorralaron al gobierno hasta forzarlo a bajar tarifas en junio pasado, y el lunes en Bolivia centenares de agricultores se manifestaron contra las restricciones impuestas por el gobierno a la venta de diésel importado en las gasolineras.
La situación se agravó en 2022, cuando los precios internacionales del crudo subieron a la par de su demanda tras la caída causada por la pandemia y la contracción de la oferta vinculada al conflicto en Ucrania. Pero la administración de Iván Duque (2018-2022) mantuvo el subsidio, presionado por masivas protestas
